JOSE CARLOS CHIARAMONTE.
Nación y Estado en Iberoamérica reúne artículos publicados en los últimos años y textos inéditos. En esos trabajos, el objetivo fue superar las no pocas contradicciones que afectan la comprensión de la historia de las independencias iberoamericanas, para tratar de explicar el surgimiento de los Estados nacionales. Esas contradicciones derivan generalmente de los prejuicios que aquejan a las historiografías nacionales, como, para tomar un ejemplo, el suponer, como fuente de los procesos de independencias, nacionalidades distintivas de cada uno de los países iberoamericanos, cuando la mayoría de ellos compartían los principales rasgos que fundarían una nacionalidad (idioma, culto, gran parte del imaginario derivado de la monarquía católica, entre otros). O el de concebir una historia intelectual como una marcha ininterrumpida hacia la libertad y la democracia, cuando la vida política seguía otras pautas. Consiguientemente, para ello fue necesario, en primer lugar, desentrañar el significado que en la primera mitad del siglo XIX, en Europa y en América, poseía el concepto de nación. Dado que el espacio económico rioplatense no correspondía a una unidad nacional —ni "mercado nacional" ni "mercado interno" nacional (en el sentido argentino o rioplatense)— y que las porciones de ese espacio se correspondían con organismos políticos que tampoco conformaban una unidad política nacional rioplatense —que pese al nombre de "provincias" eran o pretendían ser Estados independientes (tal como a mi juicio quedó confirmado en Mercaderes del litoral, FCE, 1991)—, me propuse investigar la naturaleza de esos Estados y del proceso de formación del Estado nacional posterior. Partiendo de la certeza de que lo que teníamos por delante era algo que en ninguno de los terrenos correspondía a lo que con esa manoseada muletilla se designa como "modernidad". Es decir, unas economías, sociedades, políticas, no sólo desmentidoras de una "historia argentina" sino también de formas de vida política y social "modernas". Y que, por lo tanto, la irrupción del pensamiento político europeo y norteamericano de los siglos XVIII y XIX conformaba un problema quizá no único en la historia pero muy particular del Río de la Plata y de toda Iberoamérica: el problema de cómo se insertaban esas formas de pensamiento en esas sociedades y cuál era el resultado real de ese contacto.Lo que había verificado en el Río de la Plata, entonces, resultó válido para otros lugares del continente, y es el tema de Nación y Estado en Iberoamérica. Esto es, que al estallar los procesos que desembocarían en la Independencia, no existían las nacionalidades correspondientes a los futuros Estados nacionales que se constituirían con el correr del tiempo. Que el supuesto de nacionalidades formadas durante el período colonial, que habrían necesitado romper la dominación metropolitana para poder afirmarse, supuesto que fundamenta una extendida interpretación de la Independencia, no responde a la realidad de lo ocurrido, ni en el ámbito rioplatense, ni tampoco en otros espacios iberoamericanos. Y que por lo tanto la formación de los nuevos Estados no se fundaría en los sentimientos de identidad, que más bien serían producto y no causa de ellos.Pero la errada interpretación de los sentimientos de identidad como fuente de las nuevas naciones entraña no uno sino dos equívocos. Uno, el recién comentado de concebirlos como prefiguraciones de sentimientos de nacionalidad. Otro, que en realidad es soporte del anterior, es la comentada presuposición de que la formación de los nuevos Estados nacionales se funda en nacionalidades preexistentes. Efectivamente, la errada tendencia a fundar la formación de esos Estados en correspondientes nacionalidades ha impedido percibir que los sentimientos de identidad, en los criterios de la época, si bien podían ser considerados útiles para reforzar la unidad de un pueblo no eran el fundamento de la legitimidad política. Esto es, que la formación de los Estados nacionales se fundaba entonces en las nociones contractualistas propias del derecho natural y de gentes.El comienzo de los movimientos que conducirían a las independencias se tradujo en la emergencia, ante el colapso de las metrópolis, de unidades políticas con pretensiones soberanas, generalmente ciudades, que se apoyaban en la también generalizada doctrina, de derecho natural, de la reasunción de la soberanía por los pueblos. De allí que una de las tendencias para constituir uniones políticas mayores que las locales o regionales, tendencia de inmediata aparición como alternativa a las centralizadoras, fuera el de la unión confederal, alternativa congruente con las pretensiones soberanas de las autonomías políticas surgidas al amparo del proceso independentista, en la medida en que toda confederación supone y mantiene la calidad soberana e independiente de las entidades que le dan origen. De allí también que la habitual confusión de esas tendencias confederales dentro del concepto más general de federalismo, por parte de la historiografía latinoamericanista, constituye uno de los principales obstáculos para comprender el contexto del proceso político abierto por la Independencia.En otras palabras, la disposición de las historiografías nacionales a postular una nacionalidad preexistente o contemporánea al movimiento de Independencia impidió percibir la naturaleza de las diversas tendencias soberanas que se esbozaron a partir del vacío de poder derivado de la invasión napoleónica a la península ibérica. Especialmente, ocultó la real naturaleza y alcances de las soberanías constituidas al amparo de la doctrina de la reasunción del poder y, paralelamente, facilitó la errada interpretación de las expresiones americanistas surgidas en los pueblos iberoamericanos. La habitual inclinación a buscar la supuesta nacionalidad que se habría expresado en cada demanda constitutiva de alguna forma de Estado impidió percibir la diversidad de caminos abiertos en el terreno de organizar políticamente el orden social comprometido por el colapso ibérico, caminos a recorrer por quienes no se sentían instrumentos de fuerzas históricas de sustratos étnicos —postura que se difundiría a partir del Romanticismo—, sino negociadores de soluciones políticas enmarcadas en las prácticas contractualistas propias de la época. Consiguientemente, la eclosión de tendencias mal denominadas "federales" —en su mayoría confederales o simplemente autonomistas— nos proporcionaría excelentes indicadores de la realidad política del período si las interrogáramos adecuadamente por la calidad de las soberanías que las sustentaban y por la forma y alcances de la asociación que perseguían.De tal manera, una vez aclarado que al comienzo de las independencias no existían las actuales naciones ni sus correspondientes nacionalidades, y que las pautas intelectuales y políticas predominantes no eran las que se simbolizaban en algunos grandes nombres, de influencia ocasional pero no predominante —fueran estos Juan Jacobo Rousseau, Francisco Suarez, Benjamín Constant o Jeremías Bentham—, la pregunta que surgía era ¿qué había, entonces, en su lugar? La respuesta, fruto de la investigación del que surgen los capítulos de este libro, es que la base del pensamiento y de las prácticas políticas, así como de la vida social, era el derecho natural y de gentes, que, a través de los siglos, había dominado la vida social y política de los países occidentales.El derecho natural proveía una serie de ideas y nociones que el público conocía aunque no fuera letrado. Recordemos que la información se transmitía no sólo a través de la prensa sino también de manera informal, en tertulias y otra formas de sociabilidad, de manera que por lo general era vívida la conciencia de la función del consentimiento —que era también básica en las relaciones contractuales privadas— así como se conocía el principio de soberanía, y una cantidad de nociones que se encuentran en los tratados del derecho natural. En el ámbito político se invocaba la patria con el sentido del derecho de gentes, según el cual ella era el conjunto de valores de la sociedad política de la que uno formaba parte y no el sentimiento de adhesión al lugar de nacimiento.La legitimidad política no se fundaba en sentimientos de identidad sino en relaciones contractuales, guiadas por el principio del "consentimiento", esencial al derecho natural y de gentes. "Nadie me puede obligar a entrar a una asociación política, nadie puede imponernos tributos que no han sido aprobados por nosotros o por nuestros representantes", es decir, sin que dispongan de nuestro consentimiento. Este principio, que aplicado a los impuestos se hizo famoso en el comienzo de la revolución norteamericana, era una norma del derecho natural y de gentes proveniente del derecho romano, que se difundió en Europa en el siglo XII en adelante, mucho más amplia que su aplicación a la fiscalidad. Si bien no siempre fue respetado, era el principio fundamental que definía la acción política y que, en el caso iberoamericano, explica los conflictos políticos de la independencia en adelante. El conflicto entre "unitarios y federales" se fundaba en él: Los "pueblos" no querían ser obligados a entrar en un Estado cuya forma de organización no hubiese sido aceptada con su consentimiento, consentimiento manifestado a través de sus diputados, que en esa época actuaban como "apoderados" o "procuradores".Pero en la historiografía latinoamericanista ha ocurrido una curiosa anomalía respecto del derecho natural, consistente en la existencia de dos posturas opuestas, ambas proclives a una actitud parcial por la carga ideológica que el asunto lleva consigo y generalmente reacias al diálogo. En un sector de esa historiografía, de orientación católica, el derecho natural y de gentes ha merecido reconocimiento, pero a partir de su errónea consideración como una corriente sólo escolástica; el prejuicio consistió, entonces, en reducir la fuente de esos criterios a alguna de las corrientes escolásticas del derecho natural, lo que permitió fundar la arbitraria teoría de que el "ideólogo" de las independencias iberoamericanas habría sido el teólogo español del siglo XVI Francisco Suarez. Mientras que en el campo opuesto, y sorprendentemente por acordar con ese errado diagnóstico sobre el carácter del mismo, suele ser o ignorado o reducido a la constatación de la lectura, por parte de algunos letrados, de las obras de Grocio y Pufendorf en cuanto textos de literatura jurídica. E inclusive, tratando una de las principales nociones del iusnaturalismo, la del contrato social, sin atender a tal conexión. Así, las "doctrinas contractualistas" constituyeron un concepto autónomo en las descripciones del universo intelectual del período y Rousseau una figura aislada de sus fundamentos iusnaturalistas. De manera que podemos comprobar cómo coincidieron tanto los que se ocuparon del derecho natural con intención laudatoria como los que, admitiendo aquella filiación unilateral, lo subestimaron por eso mismo y por considerarlo así uno de los ingredientes intelectuales de la dominación hispana.A lo largo de la historia quienes rigen una sociedad necesitan justificar su dominio mediante una noción consensuada. En aquella época el derecho natural expresaba ese consenso, pese a la existencia de diversas corrientes del mismo. El derecho natural y de gentes, que ha sido considerado, erróneamente, como sólo una rama del derecho, era en realidad, en el siglo XVIII y en la primera mitad del XIX, el fundamento de la ciencia de lo político y de la práctica política misma. En esa época, cuando no existían la sociología ni la politología y la economía política recién estaba naciendo como disciplina, definía las bases de la conducta política, no sólo de las naciones entre sí, sino también de la organización interna de las naciones. Es esta reexaminación del contexto intelectual de las independencias la que nos permitirá anudar tantos hilos sueltos que quedan de esa historia.
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