Los abogados, como herramienta de equidad

El Estado debe promover profesionales que cumplan con el deber ético de compensar las carencias de todo tipo de sus patrocinados.

Mariano Fernández Valle y Diego Freedman. Especialistas del área de Justicia de la Fundación CIPPEC.

Los individuos suelen percibir al abogado como un "cerrajero": conoce las palabras clave y la forma de hacer los escritos judiciales, permitiendo la puesta en marcha del proceso judicial. Un argumento más razonable para justificar el monopolio otorgado a los abogados es considerarlos como "igualadores retóricos" en las contiendas judiciales cuyas decisiones dependen de la confrontación de argumentos.Las capacidades de los individuos son dispares. Si no se las intentara igualar, en la arena judicial podrían triunfar argumentos falaces simplemente por haber sido presentados por un buen orador o contestados por uno de menores condiciones. Tras la idea de justicia se espera que triunfe el mejor argumento que la comunidad pueda originar, eliminadas las trampas retóricas. Los abogados son personas que han sido entrenadas para presentar estos argumentos.El hecho de concebir a los abogados como "igualadores retóricos" es una guía central para la praxis institucional e impone una serie de deberes estrictos a los actores sociales. En este sentido, si el Estado no garantiza la posibilidad de que todos accedamos a abogados con capacidades retóricas similares, la igualdad perseguida se diluye. La realidad indica que no sólo las capacidades retóricas de las personas son dispares, sino también las económicas, razón por la cual el Estado debe proveer excelentes abogados a los sectores de bajos ingresos que no puedan costearlos. Asimismo, esta actividad estatal debe ser complementada por los abogados particulares que están obligados a prestar servicios jurídicos probono, cumpliendo de este modo con su deber ético profesional. La esperanza de que existan abogados con capacidades retóricas similares e igual grado de entrenamiento descansa en nuestras Facultades de Derecho. Ellas deben garantizar que sus egresados estén en perfectas y similares condiciones para defender las causas judiciales asumiendo la responsabilidad institucional que se les ha legado. La variante más obvia sería agregar intensivos cursos de práctica profesional en las currículas universitarias. Finalmente, debe intensificarse el monitoreo del ejercicio de la profesión por parte de los Colegios de Abogados. Particularmente, sobre los letrados que representan causas de personas sin recursos, que corrientemente son tratados diferencialmente respecto a aquellos clientes que pueden remunerar el servicio. El cumplimiento de estos deberes permitirá que realmente los abogados acepten el rol social que se les ha encomendado, acercándonos al ideal de construir un sistema democrático más justo.

Clarín.