Polémica por un viejo plan para espiar charlas por teléfono e Internet

El jurista Daniel Sabsay, dijo que la ley, que entraría en vigencia en julio, violaría el art. 14 de la Constitución Nacional.

El reconocido jurista Daniel Sabsay criticó hoy el decreto 1.563 de 2004 mediante el cual se obligará a las empresas de telecomunicaciones a grabar y guardar por diez años todas las conversaciones de telefonía fija y móvil, así como también las comunicaciones que se establezcan por correo electrónico y chat por entender que viola la presunción de inocencia y la privacidad.

“No encuentro cuál es la fundamentación para la reglamentación de este decreto, que crea una situación abusiva en la cual todos vamos a estar permanentemente espiados”, agregó hoy Sabsay a Radio Mitre.

Sabsay también consideró que el decreto invierte la presunción de inocencia porque “todos pasaríamos a ser sospechosos” y opinó que el mismo puede ser sujeto a la presentación de amparos y de recursos de habeas data.

El decreto 1.563 fue firmado en 2004 por el presidente Néstor Kirchner, el Jefe de Gabinete Alberto Fernández y el ministro de Planificación e Infraestructura, Julio De Vido y es reglamentario de la ley 25.873, sancionada en diciembre de 2003 para combatir ilícitos cometidos con el uso de las telecomunicaciones.

Según la normativa, las empresas de telecomunicaciones estarán obligadas a realizar inversiones adicionales para grabar las conversaciones que se establezcan vía telefónica e Internet para ayudar a la Justicia y a la SIDE en los seguimientos de secuestros y casos de narcotráfico.

El decreto en cuestión también establece que las empresas deben comenzar a realizar el control sobre la información en julio de este año y que todas las inversiones necesarias deben correr por cuenta exclusiva de las compañías.

Para Sabsay, la puesta en práctica del decreto violaría “la zona de reserva de la intimidad” y equiparó la ley con la “violación del correo”.

“Es como si en su momento el Estado hubiera obligado al Correo a fotocopiar el contenido de las cartas y guardarlas durante diez años”, para mostrársela a las autoridades dijo Sabsay.

Asimismo, el jurista señaló que en caso de aplicarse, el decreto en cuestión generará un “banco de datos gigantesco en manos de los funcionarios públicos, que nadie sabe cómo ni para qué lo van a usar”.

La nueva normativa nació como consecuencia de una de las leyes que el Congreso sancionó a partir de los reclamos de Juan Carlos Blumberg. La ley modificó un artículo de la Ley de Telecomunicaciones, para agilizar el acceso de los organismos de seguridad a los elementos de comunicación de las bandas de secuestradores o narcotraficantes.

En su momento, la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE), que nuclea a la mayoría de proveedores de servicios de Internet, presentó un recurso de amparo ante la Justicia a mediados de diciembre, solicitando que las erogaciones para los equipos tecnológicos necesarios para grabar la información sean asumidos por el Estado.

Al mismo tiempo, la demanda pedía que la Justicia determine si es constitucional que e las empresas entreguen información a un organismo del Estado que no sea un juzgado, como la SIDE.

Clarín


Este decreto constituye un gravísimo atropello contra derechos individuales como la privacidad. La norma es claramente anticonstitucional y espero que se derogue inmediatamente. Otra prueba más de cómo el reclamo popular por más seguridad puede volverse en contra de todos cuando se hace de manera irracional y de cómo a los poderes constituidos les importa poco el respeto por principios elementales del derecho.