Mejor democracia no es un lujo

Cuando la posibilidad de fiscalizar o invalidar las decisiones que toma la autoridad se reduce a su expresión mínima (por ejemplo, una votación cada dos años), el mapa del poder queda desequilibrado.

Roberto Gargarella. Profesor de Teoría Constitucional (UBA, Di Tella)

Alguien podría decir que la creación de mecanismos institucionales capaces de asegurar una democracia más inclusiva y un sistema institucional mas permeable a las demandas ciudadanas representan lujos a los que sería bueno acceder, de ser posible, en un tiempo futuro.Según una visión como esta, la democracia tendría ciertas prioridades —seguridad, educación, un cierto bienestar material— frente a las cuales todas las demás demandas deberían quedar relegadas, a la espera de vientos mejores.Este tipo de afirmaciones resultan tan comunes como preocupantes, sobre todo en circunstancias como las que hoy vivimos —circunstancias que incluyen poderes cada vez más amplios para quienes, en la esfera política tanto como en la económica, cuentan ya con cuotas de poder significativas—.En efecto, la ausencia de oportunidades a través de las cuales hacer valer la propia opinión o, directamente, exigir cambios frente a los rumbos tomados, constituyen una excelente noticia para los más poderosos. Cuando la autoridad —cualquiera sea— puede tomar miles de decisiones, mientras que la posibilidad de fiscalizarlas o invalidarlas se reducen a su expresión mínima (por ejemplo, una votación que se produce cada dos o cuatro años), el mapa del poder resulta obviamente desequilibrado.En tales casos, ¿cómo debe actuar una persona responsable, defensora de algunas de las decisiones que se toman en su nombre, a la vez que opuesta a otras tantas medidas? ¿Cómo debe actuar para no aparecer ni como un critico obcecado, ni como quien avala ciegamente todo lo que el poder realiza? ¿Cómo si no se le aseguran oportunidades para tratar de modo distinto decisiones distintas y exponer a la luz pública los matices propios de sus juicios? Para quien ocupa una posición de poder, debe resultar muy satisfactoria la posibilidad de alzar victorioso la copa de la democracia, luego de una contienda tan desigual: es tan poco lo que requiere para desplazar toda objeción significativa a sus desaciertos.En la Argentina, las excusas que se emplearon para enterrar toda crítica opositora adquirieron formas muy diversas en tiempos diversos: en ocasiones, la excusa fue (y tal vez sigue siendo en muchas provincias) la posibilidad de garantizar el empleo público, en otras la capacidad de frenar la inflación, en otras la destreza para asegurar la estabilidad cambiaria. "Méritos" como los señalados sirvieron, a veces, para que la autoridad afirmase su autoritarismo creciente; en otras, para que relegase las críticas de corrupción que podían legítimamente hacérsele; y en otras más, para que tornara menos visible su absoluto desdén hacia las demandas de la ciudadanía. Para las autoridades de turno, cada elección victoriosa representó, en tales casos, una buena manera de proclamar que, en la verdad de los hechos, la ciudadanía aprobaba el amplio conjunto de sus acciones, desde las más "virtuosas" hasta las más censurables. Todo matiz, toda distinción, todo reproche quedaba automáticamente sepultado: el apoyo mayoritario a una cierta medida que consideraba necesaria (digamos, mantener la inflación baja) era capciosamente interpretado por el poder de turno como una "carta blanca" de respaldo a todas sus decisiones.Lamentablemente, quienes son víctimas de extorsiones semejantes deben tolerar además la aparición de afirmaciones del tipo "el pueblo es el que vota corruptos", o "en definitiva son las propias víctimas las que siguen eligiendo a sus verdugos". Estas proclamas resultan, generalmente, cínicas a la vez que malintencionadas (en especial frente a una ciudadanía que, con más o menos dignidad y destreza, supo ponerse de pie durante meses, en reclamo de cambios que luego le fueron negados).Pero lo cierto es que nadie debería ser responsabilizado por aquello que se le impide que haga. A nadie se le puede pedir un "voto más inteligente" mientras se le quita la posibilidad de discernir entre lo bueno, lo regular y lo malo; lo urgente y lo más urgente; lo aceptable y lo que no lo es tanto. Cualquier voto va a resultar "torpe" en la medida en que, por un lado, se acribille a la ciudadanía a preguntas, y por otro, se le niegue sistemáticamente la oportunidad de responder a cada una o a la mayoría de ellas.Lejos de resultar un lujo, la recreación del sistema institucional representa una necesidad indispensable si lo que se quiere es poner fin a la extorsión política y evitar los evidentes riesgos de manipulación de la voluntad colectiva. Paradójicamente, circunstancias como las que vivimos, caracterizadas por la existencia de arreglos institucionales tan deficientes, abren oportunidades notables tanto para el gobernante sinceramente democrático como para el caudillo más temiblemente autoritario.En dicho contexto, el genuino demócrata queda en condiciones excepcionales para probar sus convicciones, dando cuerpo y vida a los ideales de autogobierno que proclama en sus discursos. El autoritario, en cambio, puede seguir abusando de la retórica más popular, apoyado cómodamente en mecanismos que, mientras tanto, van vaciando de sentido a la democracia, y transformándolo todo en un juego de formas y sombras.

Clarín.